Educación

Pidió BUAP respeto a la autonomía universitaria

Por: Angélica Ruiz

Integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se pronunciaron a favor de la defensa de la autonomía de la institución y en contra de la persecución política por parte del gobierno del estado hacia el rector Alfonso Esparza Ortiz.

A su vez el funcionario universitario retó al gobierno del estado a presentar las supuestas pruebas de su mal manejo de recursos, para que sean valoradas por instancias imparciales y cese el acoso en contra de él y de sus familiares, en especial su hija que participó en el equipo Lobos BUAP.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario se presentaron dos posicionamientos por parte de José Manuel Alonso Orozco, director del Complejo Regional Centro y de Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, director de la Facultad de Cultura Física el cual fue aprobado por mayoría para que se publique, difunda y se deje en claro el posicionamiento de la comunidad de la BUAP sobre lo que consideran un embate y acoso político de los tres poderes del estado, encabezados por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Lo anterior se desprende luego de que la Auditoría Superior del Estado presentó tres denuncias penales contra el rector, por presuntas operaciones simuladas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Por su parte el rector Alfonso Esparza Ortiz recalcó que desde el inicio del actual gobierno estatal, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha enfrentado una de las mayores persecuciones políticas de su historia, que ha atentado contra la autonomía, la libertad de cátedra, la seguridad y libertad de sus funcionarios.

“Como rector de la universidad he sido objeto de amenazas y de diversas, varias denuncias, sin fundamentos contra mi persona y contra mi familia, todo como resultado de mi postura de no querer renunciar al cargo y de evitar que el gobierno estatal tome el control de esta casa de estudios”, señaló.

El rector señaló que “no es fácil” mantenerse en su postura cuando los principales afectados por dicha persecución son sus familiares, sin embargo calificó la situación como “una obligación” para mantenerse al frente de la institución de cara al último año de su gestión, pues en 2021 se deberá elegir a su sucesor.

Ante las propuestas de integrantes del Consejo Universitario para realizar movilizaciones u otra actividad que sirva para dejar manifiesto el apoyo a su rectorado, Esparza Ortiz pidió mesura a los universitarios para evitar caer en confrontaciones o hechos que puedan derivar en actos de violencia.

“Hago un llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma antes de tomar acciones que puedan tornarse violentas para defender nuestra institución, aquí estoy frente a esta institución y al lado de los universitarios”, reiteró.

Asimismo aseguró que la persecución en su contra deriva de su postura de no renunciar al cargo como rector de la máxima casa de estudios del estado y entregarle el control de la misma a la administración de Miguel Barbosa Huerta, por lo que exigió que se presenten las denuncias correspondientes y sean resueltas por instancias imparciales.

“Si existen las pruebas que dicen tener desde hace más de un año de mi supuesta deshonestidad, es momento de presentarlas y dirimirlas ante instituciones verdaderamente independientes y justas, de lo contrario exijo que dejen de amenazarnos y presionarnos, exijo que nos dejen trabajar en paz como siempre lo hemos hecho, en beneficio de las y los poblanos”, sostuvo.

Ante el Consejo Universitario, José Manuel Alonso Orozco destacó el asedio por parte de las instituciones del gobierno del estado de Puebla, que han llegado a “manipular a la opinión pública” para desacreditar a las autoridades universitarias a través de señalamientos de corrupción no sustentados.

Recordó que desde la llegada del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, se ordenó la supervisión en tiempo real de la situación financiera de la BUAP correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a pesar de que esta actividad constitucionalmente debe de corresponder a la Federación.

“Dicha revisión resultó a todas luces ilegal, de ahí que la propia Auditoría Superior de la Federación tuvo que pronunciarse por el respeto a la exclusividad del ámbito de su competencia, pronunciamiento al que además se sumaron diversos diputados federales del Congreso de la Unión”, señaló el académico.

Recordó que la ASE revocó su propia orden de auditar a la máxima casa de estudios del estado, al tiempo en que se recurrió a un discurso basado en que la BUAP se había negado a la revisión de los recursos.

En este sentido refirió que la ASE impuso una sanción al rector Alfonso Esparza Ortiz, misma que hasta el momento no se ha cumplido pues se impugnó ante la existencia de aspectos de ilegalidad, porque “los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, primero argumentaron que el ejercicio de la auditoría era legal y luego que sus resultados arrojaban actos de corrupción”.

Alonso Orozco refirió que otra de las embestidas gubernamentales fue el intentar nombrar a un contralor interno desde el poder Legislativo, situación que generó repudio a nivel nacional por parte de otras instituciones educativas que previamente ya han tratado de ser controladas a través de los congresos locales mediante esta figura.

Recalcó que la permanencia del rector en su cargo se tradujo primero en amenazas públicas de actuar penalmente contra su familia y luego se pasó a los hechos, por lo que incluso cuestionó la filtración de documentos a medios de comunicación, a fin de influir en la percepción de la sociedad y generar una visión distorsionada.

El Consejo Universitario apoyará las acciones legales que tanto el rector como la máxima casa de estudios decidan emprender para defenderse de la persecución política que acusan.

“El Honorable Consejo Universitario identifica en la figura del rector y su familia al principal centro de los ataques de los poderes del gobierno del estado, por lo que responsabiliza directamente al gobernador de cualquier acto que atente contra los derechos fundamentales del rector, de su familia y de cualquier autoridad universitaria”, dice parte del posicionamiento.

“El Honorable Consejo Universitario apoya las acciones legales realizadas por su rector y demás autoridades universitarias para salvaguardar los derechos que les asisten y les exhortan a realizar cualquier otra opción sin cuestionar la legalidad de los actos y la calidad moral de quienes la realizan”, agregaron.

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